Después de
más de dos siglos de incertidumbre, las comunidades campesinas del municipio de
El Cocuy, Boyacá, lograron el reconocimiento jurídico de la propiedad sobre
sus tierras. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) culminó la reconstrucción del
Título Histórico del Cocuy, una decisión que brinda seguridad jurídica a más de
500 familias del territorio.
Este proceso
da cumplimiento a uno de los acuerdos suscritos en agosto pasado entre el
director de la ANT, Juan Felipe Harman, y los campesinos de la Federación de
Parameros del Nororiente Colombiano. Como resultado, se identificó el origen
legal de 2.308 hectáreas distribuidas en 579 predios catastrales y 417 folios
de matrícula inmobiliaria.
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Las tierras
se ubican en las veredas Llano Grande, Zanjón, Palchacual y Mortiño, dentro de
la jurisdicción del municipio de El Cocuy. Durante generaciones, las
comunidades habían defendido la legitimidad de su propiedad, pese a que
administraciones anteriores desconocieron su sustento jurídico.
Según
explicó Julián Ballén, subdirector de Seguridad Jurídica de la ANT, la
investigación se apoyó en documentos históricos que datan entre 1776 y 1809,
periodo en el que la Corona Española realizó visitas oficiales al antiguo
resguardo indígena del Cocuy. “Estos actos se desarrollaron conforme a la recopilación
de Leyes de Indias, las Reales Cédulas de 1591 y la Instrucción de 1754”,
señaló el funcionario.
Con base en
este marco normativo y en articulación con la legislación vigente, la ANT
determinó que los predios conocidos como Laguna Grande, El Higuerón y Comunidad
salieron legítimamente del dominio del Estado durante el periodo colonial y se
incorporaron al régimen de propiedad privada, condición que conserva plena
validez jurídica en la actualidad.
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Para Roberto
Arango, presidente de la Federación de Parameros del Nororiente Colombiano,
este avance representa una garantía para las comunidades: “Reconocemos que la
Agencia Nacional de Tierras ha cumplido, trabajando en defensa del campesinado
y evitando el despojo o desplazamiento de las familias parameras”.
El estudio
técnico y jurídico incluyó la revisión de fuentes originales en el Archivo
General de la Nación, como autos de venta de tierras y documentos asociados a
la reconstrucción de la iglesia local. Este trabajo se complementó con
cartografía oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC),
información catastral vigente, georreferenciación y verificaciones en campo.
El
antecedente histórico tiene validez probatoria conforme al artículo 48 de la
Ley 160 de 1994, consolidando la seguridad jurídica de más de 500 familias
campesinas y aportando claridad al ordenamiento de la propiedad rural en
Boyacá.