Entre las propiedades intervenidas se encuentran La Gloria, Hacienda La Herradura, La Aurora, El Recreo, La Primavera, Las Brisas y El Martirio, todas relacionadas con procesos de extinción de dominio y administradas previamente por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Muchos de estos predios presentan historiales de múltiples propietarios en cortos periodos de tiempo, evidenciando su uso para ocultar capitales ilegales.
El asesor de la Dirección General de la ANT, Javier Marín, explicó que las hectáreas serán destinadas a comunidades campesinas y víctimas del conflicto armado. “Estas tierras serán asignadas a familias vulnerables para que produzcan alimentos y fortalezcan sus economías. Puerto Boyacá tiene una historia muy fuerte de violencia, y aquí casi todas las personas son víctimas del conflicto”, señaló.Se estima que alrededor de 100 familias se beneficiarán con la entrega de estos predios, garantizando acceso legal a la tierra y acompañamiento institucional para su aprovechamiento productivo.
Durante décadas, estas tierras fueron escenario de testaferrato, sociedades fachada y transacciones sucesivas que buscaban dar apariencia de legalidad a recursos provenientes del narcotráfico. Hoy, gracias a la acción del Estado, los predios se incorporan al Fondo de Tierras y serán parte de los programas de Reforma Agraria, que buscan reparar a las víctimas y reducir la exclusión histórica en el acceso a la tierra.
La estrategia de la ANT ya suma 79 predios recuperados, equivalentes a cerca de 3.946 hectáreas en todo el país. Con ello, se consolida la transformación de territorios que antes sirvieron a la ilegalidad para ponerlos al servicio de la vida, la producción agrícola y la construcción de paz.

